¿Quiénes somos?

La Contraloría General de la República y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, suscribieron un Convenio de Cooperación y apoyo, para el  desarrollo de la Auditoría Social (veeduría ciudadana), al Programa Panamá Solidario, el Convenio debidamente publicado en la Gaceta Oficial No.29038-A de 3 de junio de 2020.

 

Este convenio tiene como propósito fundamental  propiciar que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos, en esta ocasión la veeduría en la entrega de bonos y  bolsas de comida del Plan Panamá Solidario,  para mejorar los resultados y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado Panameño.

 

La Contraloría General de la República, suministrará a la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, las herramientas necesarias para desarrollar la actividad pactada como; Carné, transporte, alimentación, y cualquier otra logística necesaria para el correcto desempeño en la ejecución de la Auditoría Social.

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, se compromete a impulsar las iniciativas organizadas con voluntarios, profesionales y personas de buena voluntad con el fin de garantizar el acceso a los bienes y servicios que requieren los ciudadanos más afectados por la crisis actual.

 

Es responsabilidad de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, crear los equipos de profesionales voluntarios en las diócesis y establecer sus coordinadores provinciales para establecer líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley.

 

Para coordinar  la ejecución de la auditoria social, ambas instituciones acuerdan, designar una unidad de enlace, la cual será responsable de la planificación, implementación y evaluación de las actividades que corresponden.

 

La Auditoria Social que realizara la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá, consistirá en la participación de los ciudadanos a través de la sociedad civil organizada, ejerciendo el rol de fiscalización mediante acciones de veeduría, para los proyectos financiados con recursos públicos, observando que estos sean ejecutados con transparencia y eficiencia, con el fin que los destinatarios reciban los beneficios íntegros, para los cuales están destinados dichos recursos.

 

 

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