Comunicado
Por el respeto que merece la ciudadanía debemos aclarar que ayer lunes y hoy martes, un medio de la localidad publicó información incorrecta y fuera de contexto sobre la labor de la Contraloría General de la República, basada en un informe de auditoría que es confidencial y de acceso restringido, tal como lo establece la ley, que se encuentra incompleto, sin firma y en etapa borrador, que fue retirado de la Contraloría de forma fraudulenta.
El borrador de informe, al que hacen referencia las publicaciones es del mes de octubre de 2017, y se refiere a una auditoría que aún no está finalizada. Ningún informe de auditoría tiene validez si no cuenta con la firma de los auditores que participaron en ella y la rúbrica del Contralor General de la República. La información publicada dista de ser precisa puesto que dichas auditorías no han sido culminadas todavía.
Es importante aclarar que la excelencia de una auditoría no se mide por el tiempo que demore en ejecutarse, sino por la profundidad de la investigación y los hallazgos que de ella emanen. Todos aspiramos a terminar las auditorías en los tiempos más prudentes posibles; sin embargo, dicha premura jamás nos llevará a entregar informes en borrador y mucho menos inconclusos, puesto que ello puede conducir a conclusiones y apreciaciones equivocadas y a su vez, al fracaso de los procesos judiciales que pueden emanar de nuestros hallazgos.
La Contraloría General de la República cuenta con más de trescientos auditores profesionales, íntegros e idóneos que continuarán trabajando con la verticalidad y la responsabilidad que la ley exige y el compromiso que recae sobre la Institución.
Rechazamos categóricamente que, en atención a intereses particulares, algún individuo pretenda obstruir la ley con actuaciones que resisten a adscribirse a los principios de integridad, honestidad, y sobretodo discreción que la labor de la Contraloría y la ley exigen. De igual manera, reprochamos la utilización, por entes externos, de medios no correctos para accesar documentación sensitiva del Estado, la cual pudiera poner en riesgo procesos penales y patrimoniales en los casos de manejo irresponsable de fondos públicos.
Reiteramos que la información irregularmente obtenida, con la que se hizo la noticia, está inconclusa y por ende carece de toda veracidad.
Panamá, 6 de febrero de 2018
