Contraloría aclara hechos y reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia
La Contraloría General de la República considera necesario aclarar a la ciudadanía los hechos relacionados con el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de aportar precisión y evitar interpretaciones que no reflejan lo ocurrido.
En ningún momento, funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso. La institución ha actuado de manera consistente, con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, como lo evidencian las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes.
La presencia del Contralor en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias.
La Contraloría reitera que las investigaciones son parte fundamental del Estado de derecho y deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a las funciones de cada institución. En ese sentido, resulta importante que también se garantice que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico.
Los panameños han sido testigos del esfuerzo sostenido de esta institución por fortalecer los mecanismos de control, documentar posibles irregularidades y trasladar oportunamente la información a las autoridades competentes, siempre en defensa del interés público.
La Contraloría General de la República reitera su disposición de colaborar con todas las instancias del Estado, dentro del marco de la ley, promoviendo una actuación coordinada que fortalezca la institucionalidad y la confianza ciudadana, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la Ley 32 de 1986, relativo a la coordinación interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
